¿Basta movilizarse para obtener representatividad en la política formal? El movimiento de mujeres en México y el proceso de transición democrática. 1970-2000  (Publicado en: Domínguez,  Edmé (Coord.) Mujeres, ciudadanía y participación enMéxico = Women, Citizenshipand  Political Participation in Mexico . Universidad de Gotermburgo,2004.

MaríaLuisa Tarrés

Centrode Estudios Sociológicos

El Colegio de México

El 1ro de mayo del año en curso (2004) un grupo de feministas, integrantes de ONGs y militantes de los partidos políticos con mayor apoyo y presencia electoral, en el estado de Oaxaca, mancharon con su propia sangre los muros de la sede del Instituto Estatal Electoral como protesta contra la negativa de sus partidos a registrar un 30% de mujeres comocandidatas titulares para contender en las próximas elecciones legislativas que se desarrollarán en ese estado. La forma extrema que asumió esa protesta tuvo resultados, pues la dirigencia  masculina de los tres partidos, ante la irrupción de las mujeres aceptó incluirlas  como titulares y no como suplentes en las planillas electorales que competirán.

Este grupo plural en su composición  antes de las elecciones había firmado el Pacto para Consolidar la Equidad de Género en Oaxaca con el fin de consolidar la equidad de género en la próxima legislatura y promover allí una agenda conjunta. La protesta que consistió en que unas les extrajeron a las otras sangre de las venas con jeringas para dejar su huella estampada en  las paredes es sin duda extrema, perosintetiza la indignación y la impotencia de las mujeres ante la exclusión y elmenosprecio de sus derechos como militantes y como ciudadanas de parte de los varones que en todos los partidos comparten posiciones machistas, tradicionales.

Aunque elgesto de las oaxaqueñas hasta ahora es único, revela la violencia vivida porlas mujeres que buscan para sus congéneres una representación paritaria en las instituciones y  especialmente en el sistema político pues es en este espacio donde se procesan las decisiones que les conciernen. Esta respuesta no es emocional. Es una estrategia de defensa legítima, que ellas previeron cuando firmaron el pacto, ante la cultura política prevaleciente que no reconoce  sus derechos establecidos en la ley electoral que obliga a los partidos a  asegurarles un mínimo de un 30% de las candidaturas, sin establecer si ese porcentaje corresponde a candidaturas titulares o a suplentes. De este resquicio legal trataron de aprovecharse losdemocráticos varones de Oaxaca que debieron cancelar su iniciativa y cumplircon la legislación.

La transición a la democracia, inaugurada el año 2000 con la elección del primer presidente de oposición que remplaza a una elite que gobernó por más de 70 años al país, muestra hoy debilidades estructurales. Y  en efecto, la reforma política se limitó a asegurar la limpieza del proceso electoral (estableciendo reglas para favorecer la pluralidad y la competencia) sin considerar un proyecto posterior orientado a rediseñar las prácticas y la cultura política prevalecientes en las instituciones originadas en un sistema corporativo autoritario.  Las elites de hoy no son tan diferentes a las de ayer, pues se han mostrado incapaces de generar propuestas para redefinir un régimen que integre en los mecanismos de representación no solo la pluralidad de orientaciones políticas sino también los instrumentos institucionales que contemplen la diversidad por género.

Aunque la baja representación de las mujeres en la política se explica por una cultura que las  subordina por su condición degénero, su exclusión también es reflejo de un sistema donde una elite reducida monopoliza el poder y disfruta de sus beneficios gracias a la creación denormas de intercambio que controlan su circulación en los cargos de gobierno. En este sentido la  elite gobernante tiende a reproducirse y su labor se restringe a dirigir, regular o arbitrar alos gobernados, ya sea de una manera autoritaria al estilo del antiguo sistema político mexicano o de un modo "democrático", como lo es hoy.

Desde los años 70,  la sociedad  civil luchó por transformar un régimen que ejerció el poder a partir de mecanismos autoritarios  que se legitimaba mediante la redistribución e  incorporación  al desarrollo de grandes masas de lapoblación,  la cooptación ó la represióna quienes se le oponían. La lucha por democratizar el régimen político supusoque con la implementación de la reforma política se abrirían los cauces parauna representación y una participación política paritaria y universal.

La experiencia ha mostrado que las reformas han contribuido a la pluralidad política integrando  un mayornúmero de partidos. Sin embargo, lo no previsto es que la lógica asumida porlos integrantes de estos organismos se restringió a ser una ampliación de la clase política pues se asumieron como parte del grupo encargado de gobernar, y como ellos se  alejaron de los diversos sectores que conforman  la sociedad que en teoría representan.

En este contexto la transición, pese a la gran contribución que hicieron las mujerescomo parte de movimientos sociales y con propuestas que lograron plasmar en una agenda que  vinculó  la liberación de las mujeres con los problemas de las mayorías populares durante el periodo anterior, hoy muestra sus límites. Y en efecto, en el proceso de transición democrática los partidos y las instituciones políticas no han desarrollado unacultura alternativa que permita integrarlas como parte de la clase dirigente. Ellas fueron consideradas como aliadas valiosas por líderes y partido políticos que apoyaron  su participación y sus demandas cuando setrato de desestabilizar el antiguo régimen, contrarrestar los efectos de lasdiversas crisis económicas que golpeaban a los hogares  pobres en los que vive la mayoría de la población o cuando se necesitó su votoen las competidas  elecciones del 2000  que definirían la permanencia o cambio de la antigua elite en la presidencia del país.

La presenciade las mujeres en los mecanismos formales de participación y su representación en el sistema político actual no indica una voluntad por incorporarlas.  Su representación parlamentaria fue mejor afines de los 90, durante el  auge de las movilizaciones sociales por la democracia que hoy, como lo  muestra la experiencia de Oaxaca reseñada al comienzo.  La participación de las mujeres está limitada por una lógica  que las relega al ejercicio de una ciudadanía subordinada a las reglas de una elite predominantemente masculina,  que  hoy como ayer monopoliza la representación.

En este marco,  el trabajo que se presenta acontinuación se orienta a demostrar que las mexicanas durante los últimos 30 años del siglo XX constituyeron una identidad alrededor de su condición degénero, la cual se difundió como demanda entre los diversos sectores que participaronen  la lucha  por democratizar el sistema político y la sociedad. Durante ese periodo el movimiento de mujeresno sólo amplio su composición de clase y etnia reelaborando un discurso que ensus comienzos se identificó con  las clases medias educadas, sino también se incorporó a las grandes movilizaciones nacionales que respondieron a las reiteradas crisis económicas y políticas deesos años.

La movilización y las oportunidades abiertas por la reforma política permitieron una serie de avances legales para corregir el desbalance de género en el parlamento y en otros órganos de representación. Sin embargo, el logro de  dicha representación hoy aparece más como una estrategia de la elite política para diluir el descontento generalizado por la apertura neoliberal, la crisis económica o la retirada del estado que afectó directamente a  las mujeres populares encargadas de administrarla pobreza en sus familias, que como el reconocimiento universal del derecho delas mujeres a ser representadas. Por eso en la última parte de este trabajo se presentan algunas cifras que pretenden mostrar que la representación política de las mujeres después del logro de un gobierno de alternancia no está resuelta, pues las elites de reemplazo se orientan a consolidar un modelo institucional que favorece sureproducción y no a generar y respetar en la práctica mecanismos que faciliten una representación que refleje la composición por género tal como se había acordado antes, durante y después de las elecciones del año 2000.

Sobre la condición social y política de las mexicanas: un  esbozo

Aunque las mexicanas obtuvieron el derecho a elegir ya ser elegidas en 1953, su participación en las esfera de la política formal fue limitada y su experiencia política, como en otros países latinoamericanos se desarrolló en espacios locales, en movimientos sociales, alejados de los centros de decisión. La reorganización de la vida social y la participación constante de las mujeres durante los últimos 30 años se relacionó con un redimensionamiento del ámbito político y ambos procesos contribuyeron a que las integrantes de los diversos sectores del movimiento de mujeres apostaran al ejercicio pleno de su ciudadanía política en un escenario democrático.

La representación política sin embargo,  se gana, no se otorga. Por eso, es preciso considerar una serie de factores que se juegan durante el período para que las mujeres como colectivas ingresen a la escena pública y luego sean reconocidas como sujetos políticos. La condición de las mujeres durante este período cambia porque la sociedad  se moderniza. Si bien la desigualdad es un factor estructural desde hace siglos, el crecimiento económico y las políticas sociales produjeron mejoras importantes en los niveles de vida.

La distribución de los beneficios del desarrollo ha sido desigual y este patrón se  agudizó entre la década de los 80 y el año 2000,pues 10% de la población concentró 38.7% de la riqueza mientras que el 60% sólo accedió  al 25.13%. La pobreza se expresa en el tipo de trabajo desempeñado en el sector informal, sin seguridad social, derechos laborales u organización sindical; en la familia conlleva la incorporación temprana de niños y niñas al mercado laboral. Pese a que la pobreza se ha feminizado la modernización ha beneficiado la condición de la mujer gracias a su creciente integración a la educación, al empleo remunerado y a la planificación familiar desde los 80.

El incremento de la cobertura de la educación básica redujo enormemente la tasa de analfabetismo en las últimas tres décadas. En1970, de cada 100 hombres mayores de 15 años 28 eran analfabetos y 35 de cada 100 mujeres se encontraban en la misma situación; en 1990 los porcentajes bajaron a 11.7 por ciento entre los hombres y a 15.6  por ciento las mujeres parallegar el 2000 a 8.7 por ciento de hombres analfabetas y a 11.6 mujeres en la misma situación.  (Hombres y mujeres Pp. 201). A pesar de que hay una importante disminución en la proporción delanalfabetismo femenino, y de que la brecha entre hombres y mujeres es cada vez más angosta, aún persiste la diferencia entre los sexos y la desventaja de las mujeres. La tendencia se repite en la educación formal pues  ellas desertan de la primaria y la secundaria en mayor proporción que los varones. El acceso de  las mujeres a la educación superior es un hecho reciente que se desarrolla en las ciudades, principalmente entre mujeresde clase media que antes estaban destinadas a la maternidad y al matrimonio. Hoy, la matrícula femenina en la educación superior, que aumentó a una tasa promedio anual de 6.6% entre 1990 y 2000, constituye el 48.7% de los alumnos universitarios, acercándose en promedio a la de los hombres, pero mostrando profundas diferencias cuando la matrícula se analiza por profesiones, pues las mujeres predominan en el área de educación y humanidades, ciencias sociales y de la salud, mientras los hombres son mayoría en ingeniería, ciencias naturales y exactas, etc. (Hombres y Mujeres, 2002, Pp. 177- 191).

La educación de las mujeres ha mejorado si sus nivelesse comparan con las de sus madres o abuelas, pues han disminuido los grados de desigualdad entre los géneros, tanto en la población en general como en la matriculada. Su impacto, sin embargo no ha logrado transformar los procesos socioculturales que reproducen la desigualdad de género, los cuales se expresan con mayor claridad en las regiones rurales, pobres o conalta densidad de población indígena, pues allí se desvaloriza el papel de la mujer y se invierte menos en su educación.

En el año 2000 casi la mitad de las mujeres en edad detrabajar se dedicaba exclusivamente al trabajo doméstico (47%), el 36% tenía un empleo remunerado y el resto estudiaba. La incorporación de las mexicanas al mercado de trabajo extra doméstico es un hecho reciente; en 1970 de cada 100 mujeres únicamente 17 participaban enactividades económicas, en 1980 el porcentaje sube a 31.5% hasta llegar a 36%en el 2000.  Cabe señalar que el porcentaje nacional de incorporación  de las mujeres al trabajo extra doméstico esconde diferencias regionales,rural-urbana, por rama, ingreso  ciclo vital, edad etc., y muestra que lasmujeres jefas de hogar se distinguen del resto de las mujeres pues  se integran al trabajo remunerado en igual proporción que los varones. (75%). (Hombres y Mujeres, Pp. 247). 

La incorporación de la mujer al trabajo extradoméstico está influenciada por las oportunidades que  le ofrece el mercado de trabajo, pero también por la pobreza, la jefatura de la familia (en 1990  había 16.3% de familias dirigidas pormujeres, en 2000 aumentaron a 19.3%). La necesidad de contar con ingresos complementarios  ante una realidad marcada por el desempleo, la informalidad y la incertidumbre. En suma, la opción por salir de la casa para integrarse al mercado de trabajo no es una decisión libre pues en muchas ocasiones está determinada por la necesidadinmediata.

La planificación familiar, la única política pública dirigida específicamente a la mujer desde 1974, es  el factor que probablemente ha ofrecido mayores oportunidades para la autonomía de las mujeres, pues contribuyó a reducir las altísimas tasas de fecundidad. Vale la pena recordar que en 1970 una mexicana  al final de su vida reproductiva tenía en promedio  6,8 hijos, el cual baja a 3.8 hijos en 1980,  a 3.2 en 1990 y a 2.4 el año 2000. Ello significa una ganancia enorme de años  en la vida  de  una  mujer si  se considera que   en 1970  con  6.8 hijos invertía al menos  23 años de vida en  su cuidado, sin posibilidades de hacer otra cosa, mientras hoy invierte 10 años. (Tarrés 1997, Pp. 31).

El escenario de la creciente participación política de la mujer.

La integración de la mujer al desarrollo es unamuestra que el estado mexicano, pese a la desigualdad estructural, logró ser un eficaz agente económico gracias a esa elite  que dirigió  el país a través del Partido RevolucionarioInstitucional (PRI) y a  un mono-partidismo de hecho. Sin embargo, la naturaleza de la elite y del sistema político generó graves problemas vinculados con la representación  política de una sociedad que se modernizó. Por ello la vida política  no se redujoal sistema institucional. El país vivió sacudido por huelgas, accionesguerrilleras, ocupaciones de tierra, movimientos urbanos, etc. que  fueron controlados vía la cooptación, ladistribución de recursos o la represión. Sin embargo estos mecanismos mostraronsus límites ante el movimiento estudiantil en 1968, conformado principalmentepor clases medias  que cuestionaron el autoritarismo que se infiltraba  en lasinstituciones públicas y también en la familia tradicional estructurada alrededor de una autoridad patriarcal y machista.

El movimiento que culmina con el asesinato y la represión  de cientos de manifestantesen  Tlatelolco,se constituye en un reclamo democratizador de la sociedad y en una  importante llamada de atención a la elite  gobernante. Ésta y cada una de las crisis posteriores provocaron aperturas o modificaciones limitadas en elsistema político. El gobierno de Luis Echeverría (PRI, 1970 -1976) integra a su administración a ex dirigentes de esemovimiento. La necesidad de liberalizar la política se repite cuando José  López Portillo (PRI, 1976-82) gana las elecciones sin enfrentarse a otro candidato y comienza  la reforma política el año 1977. Ésta conservó el control de los organismos electorales por el oficialismo, pero al mismo tiempo abrió cauces políticos y legales a la participación de la oposición especialmente de la izquierda y amplió las libertades civiles y de laprensa. La liberalización electoral permitió registrar nuevos partidos de oposición que, como el Partido Revolucionario de los Trabajadores ( PRT), presentó a RosarioIbarra de Piedra, luchadora por los derechos humanos, como  candidata a la elección presidencial de 1982.

El principio implícito de esta reforma, sin embargo, era sencillo: la oposición tenía derecho a participar  a nivel legislativo pero no podía gobernar o ser mayoría pues se suponía que  searriesgaba la estabilidad política del país. Los márgenes de la  apertura iniciada por López Portillofueron  pacientemente negociados por lospartidos integrados  al sistema institucional durante 20 años y  se constituyeron posteriormente en la puerta para transitar hacia la democracia.

Durante el gobierno de Miguel de la Madrid (PRI,1982-88), el país vive  una crisis económica  de envergadura que se enfrenta  con medidas de ajuste y restricción del gasto público que imposibilitan redistribuirrecursos, generan movilizaciones constantes y minan la legitimidad. En este sexenio  también hubo  presiones por modificar las leyes electorales que no permitían el triunfo de la oposición. Ello suscitó conflictos en  el norte del país donde el católico y conservador  Partido de Acción Nacional (PAN) tenía arraigo y también en Oaxaca, donde la izquierda controlaba algunos municipios (Juchitán).  Sin embargo la mayor tensión de la elite se produjo con  la divisióndel partido oficial, después que se forma la Corriente Democrática dirigida por Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de Lázaro Cárdenas, figura mítica de los gobiernos posrevolucionarios.  Ante la imposibilidad de democratizar ese partido y recuperar su contenido popular, Cárdenas  formará una alianza para competir como candidato  en las elecciones del 88  y  en 1989  creará el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Aunque De la Madrid comienza la liberalización económica y durante su gobierno ofrece limpieza electoral y renovación moral, al final de su sexenio regresa a la manipulación.

Las dificultades de representación así como la obsolescencia de las reglas tradicionales de control y reproducción de la elite se evidencian  también en 1988  con el triunfo de  Carlos Salinas de Gortari (PRI,1988-1994)  que gana  con dudosos procedimientos la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas, e incluso recientemente, con la  elección de Ernesto Zedillo(PRI, 1994-2000)  quien   reconoció que su  competencia por la presidencia fue inequitativa por la enorme cantidad de recursos que manejóante sus adversarios. Zedillo realiza en 1996 la  llamada "reforma definitiva", quese formaliza en "el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y otros Ordenamientos Electorales", válido para toda laRepublica.

Esta legislación que asegura la limpieza en los comicios permitió superar los conflictos electorales que  enturbiaron el clima político desde los inicios de la reforma. En 1997, el Instituto Federal Electoral (IFE)  emite una recomendacióna los partidos políticos para promover la participación de las mujeres en la vida política a través de su postulación a cargos de elección popular. Con esta medida el gobierno contrarresta la iniciativa del PRD que  estableció una cuota  interna del 30%. Ese año se realiza la primera elección  con reglas universales que  cierra un proceso que comenzó 20 años antes. Por primera vez en la historia nacional las elecciones de diputados fueron competitivas y los partidos de distintas tendencias políticas participaron en igualdad de condiciones. Además los votos se contaron.

A partir de los 80 sectores de mujeres que hastaentonces no tenían relaciones a nivel nacional, crean alianzas que incluyengrupos de colonas urbanas, feministas, intelectuales,  indígenas, trabajadoras, campesinas, en unmovimiento inédito por su carácter pluriclasista y pluriétnico en un país tan desigual y discriminante. La movilización de las mujeres permitió  la creación de una identidad pública que rompió con los estereotipos vigentes sobre su rol de madre, esposa y ama de casa, mostró su capacidad de convocatoria política, generó líderes y dirigentes y puso a debate sus demandas de género en la escena pública.

La década perdida por la crisis económica del 82, el terremoto en la ciudad de México del 85 y la liberalización política facilitaron la integración de un movimiento amplio de mujeres, que logra establecer una agenda conjunta, creando redes nacionales. Posteriormente,  esta agenda será trasladada al debate sobre la democratización de la sociedad y del sistema político influyendo en las instituciones partidarias, legislativas o administrativas,por medio de  grupos y organismos civiles de presión. También negociaron pacientemente su inclusión en la agenda de los movimientos sociales y en las organizaciones mixtas de la sociedad civil que percibían al feminismo y a las mujeres como un elemento de división.

La preparación de la Reunión de Beijing en 1995facilitó el encuentro entre funcionarias, políticas y mujeres de la sociedadcivil, feministas y no feministas, y contribuyó a legitimar las demandas en elsistema político,  las cuales  serán promovidas por esas participantes paraincluirlas en las agendas de los candidatos por la presidencia del 2000.

Con el establecimiento de un sistema políticopluripartidista y con una democracia electoral competitiva a partir de laelección de  Vicente Fox (2000- 2006), candidato de una alianza política creada alrededor del Partido de Acción Nacional (PAN), comienza un tránsito lento y dificultoso hacia la constitución de un régimen democrático que presenta obstáculos para procesar las demandas de género. El discurso del movimiento de mujeres tiende a cuestionar los valores tradicionales y a presentar una visión de la mujer  y de la familia opuesta a la concepción de la iglesia católica. Hoy las propuestas del movimiento son percibidas como subversivas por la cultura hegemónica y tienden a ser  neutralizadas por las elites políticas que evitan los costos de conflictos relacionados con temas privados, considerados por la mayoría de ellos como "cosas de mujeres".

Durante el proceso de movilización que se desarrollo entre los años 80 y el 2000 hubo activistas y dirigentes sociales que seintegraron a los partidos, a  las instituciones públicas creadas a favor de la mujer. Algunas de ellas crearon Asociaciones Políticas Feministas como Diversa Agrupación Política Feminista, Mujeres en Lucha por la Democracia ó Mujeres y Punto pues este tipo de organizaciónpermitía crear  alianzas electorales conlos partidos tradicionales para que estos integraran en sus agendas losintereses de la mujer. Finalmente hubo integrantes de los movimientos socialesque fueron legisladoras o candidatas. La gran mayoría de  estas representantes sin embargo, provienede las clases medias educadas, dejando fuera del juego la representación de lossectores mayoritarios. Sin duda la desigualdad estructural juega en contra deesas mayorías, pero más allá de eso y pese a los avances legislativos, la clasepolítica no ha creado mecanismos que rompan su lógica de reclutamiento ycontribuyan a integrar  en formaequitativa  a las mujeres que, por lodemás,  conforman el 51% del electoradonacional.

El movimiento amplio de mujeres

Después de la obtención de la ciudadanía política  en 1953 el movimiento feminista sufrió un ciclo de reflujo hasta los años 70, en parte por el proceso de integración de las mujeres al  desarrollo, pero sobre todo debido a la naturaleza del sistema político  institucional que excluyó  y reprimió a aquellas que no se integraron a las filas del partido oficial,  rompiendo así la solidaridad, las  redes y organizaciones que les habían permitido el acceso a la política formal (Tarrés, 2004). Ellas reaparecen en la vida pública gracias a la presencia de un movimientofeminista que se gesta después del movimiento estudiantil del 68 y que entrelos ochenta  y fines de los 90 tienelogros  de trascendencia.  El feminismo nacional logra  traducir su discurso en demandascomprensibles para el resto de la sociedad y sus propuestas se difundenentre  diversos grupos de mujeres dedistintos sectores y clases sociales.  De este modo desde  los 80 las feministas,   logran  articularse con las movilizaciones de mujerespopulares (colonas urbanas, campesinas e indígenas, obreras y sindicalistas)que reivindicaban mejores condiciones de vida o luchaban contra su exclusión.Así se pueden distinguir algunos momentos que muestran con claridad y a manerade ejemplo  "los encuentros"entre mujeres en la escena pública que hablan de la presencia de un movimientode mujeres permanente durante el periodo:

1.- La crisis financiera de 1982 y el terremoto de la Ciudad de México en 1985

2.- El movimiento por la democracia centrado en laselecciones presidenciales en 1988

3.- La apertura de la economía mexicana al mercadointernacional y la rebelión zapatista de 1994

El primer encuentro se observa en las movilizaciones   para enfrentar los efectos de la crisis del82 y del terremoto  de 85 en la ciudad deMéxico. Estas crisis sirvieron como estímulo, pues las feministas que contabancon un discurso sobre la condición de la mujer constituyeron  "grupos deapoyo",  formaron organismos nogubernamentales, y organizaciones  independientes  quetrabajaron  en salud, salud reproductiva,violencia, cooperativismo, comunicación social, educación, trabajo, etc. Conlas organizaciones del Movimiento Urbano Popular en la ciudad de México y deotros grupos que trabajaban en el resto del país.

El ingreso de activistas feministas, que provenían degrupos,  corrientes y partidos  de izquierda a las colonias populares y al campo permitió nuevas relaciones entre las que destacan aquellas con lasmujeres de las comunidades eclesiásticas de base (CEBS)  que también actuaban a niveles locales. Elcontacto  de las cristianas con elfeminismo produjo una revolución silenciosa pues, en muy corto plazo ellascomenzaron a incorporar nociones feministas en la teología de la liberacióncatólica (Tarrés, 2004). Sus repercusiones fueronenormes tanto a nivel cultural como a nivel práctico pues, en esos añoshabía  alrededor de 10, 000  comunidades de base  funcionando en  todo el país y la mayor parte de sus integranteseran mujeres (Muro, 1994).

Quizás el caso que mejor ejemplifica la articulacióndel feminismo con las cristianas de base se presenta en Chiapas donde las zapatistas incorporan la perspectiva de género en las  reivindicaciones  étnicas y socio-económicas.  Cabe señalar que en este periodo debido a la crisis económica, a la dificultad porinsertarse en empleos de interés  hubo unimportante contingente de feministas vinculadas a la izquierda no institucionalque emigró a ciudades de los estados o al campo donde se incorporaron alactivismo con sectores populares, campesinos,  indígenas y grupos feministaslocales. Después  del 85 hay  un crecimiento de 10 organizaciones civiles feministaspor año  en provincia   y un gran número en el D. F., sinconsiderar  los cientos de organizacionesde mujeres en todo el país que no integran la perspectiva de género (Tarrés, 2001).

La actividad de las mujeres también se expresa en laapertura de cursos y programas de investigación y docencia en  centros de educación superior. También abrieronespacios en los medios de comunicación impresos, radiales o televisivos y crearonrevistas y publicaciones de circulación nacional o estatal  que funcionaron como vehículos deintercambio. A fines de los 80 surgen las llamadas "redes prácticas del movimiento";  (Red –Nacional de Mujeres,  Red en contra de las violencia de lasmujeres, Red feminista campesina, Red de educadoras populares, etc.), las cualescrean una conciencia de vinculación nacional que articula el movimiento demujeres y refuerza su autonomía en la vida pública. Así  las redes permitieron establecer relaciones con interlocutores externostales como las instituciones académicas y profesionales, funcionarios de laadministración pública, legisladores y otras personas sensibles a las demandasdel movimiento de mujeres.

La apertura de nuevas relaciones entre  feministas, cuyo origen es de clase media conorganizaciones de la iglesia católica progresista y de grupos de izquierda contrabajo popular se constituyó en la base de un gran activismo.  En ese periodo se realizaron 10 encuentrosnacionales y sectoriales de trabajadoras, campesinas y colonas del sectorurbano popular con una asistencia promedio de 500 mujeres cada una y, cuandomenos medio centenar de reuniones locales o regionales de núcleos femeninospopulares. En estos eventos se discutía el carácter de clase y de género de lasdemandas femeninas y se logró establecer la corriente llamada "FeminismoPopular" que retomó  el discursofeminista y lo  unió con las demandaspopulares. El vínculo entre las mujeres de clase media y  de los sectores populares produjo unmovimiento transclasista inédito en una sociedad tanestratificada y con tantos prejuicios culturales y racistas como la mexicana.

Las desconfianzas y los conflictos eran frecuentesaunque predominó la voluntad de alianzas alrededor de la experiencia de sermujer. Prueba de ello es que a raíz de los terremotos de 1985 las mujeres delos sectores populares  y las feministastrabajaron en conjunto logrando consolidar su presencia pública de maneranotoria. Aparecieron dos nuevos contingentes femeninos: las vecinas de coloniaspopulares del centro de la ciudad, que se integraron inicialmente en la Coordinadora Única deDamnificados (CUD) y posteriormente en diversas asociaciones vecinales; y elgremio de las costureras que se enfrentaron a la pérdida de sus empleos despuésde que varios talleres quedaron sepultados bajo los escombros. Otraorganización que tuvo una importante participación es la del Movimiento UrbanoPopular (MUP) que en 1984  al formarla  "Regional de Mujeres del vallede México", impulsa una serie de actividades orientadas al análisis de la subordinación  de la mujer en lafamilia y a otorgar herramientas para ingresar a los espaciosinstitucionales.  Su relación con gruposfeministas  estimuló cambios  en su vida privada  y desató experiencias que les permitieronreconocerse como organizadoras, gestoras y sujetos de  su historia. (Sánchez Olvera,2002).

El éxito que tuvo hacer visible  el papel de la mujer en el MUP hoy pareceobvio, pues  la base de éste movimientolo conforman las colonas  de losnumerosos barrios populares. Sin embargo, muestra que los lazos de susintegrantes con las feministas ampliaron su campo de acción y su discurso que, desde ese momento,  no se limitaría a reivindicaciones  reproductivas. Varias de ellas  ocuparon posteriormente cargos en susorganizaciones, puestos de representación popular  en espacios legislativos  o  enla administración de la ciudad.

La constante presencia de grupos de mujeres endistintos frentes, hizo patente su eficiencia en la solución de problemas decarácter ciudadano y las legitimó pues sus integrantes fueron reconocidas comointerlocutoras por el estado y por otros movimientos sociales y políticos.

A partir de este momento resulta clara lainfluencia mutua de los diversos sectores (populares, trabajadoras, feministas)y se puede empezar a hablar con propiedad de la presencia pública delmovimiento de mujeres. En 1986, la manifestación del Día Internacional de la Mujer por primera vez no fueconvocada por las feministas, sino por mujeres de sectores populares ytrabajadoras, y reunió al mayor número de manifestantes jamás visto en esteevento: 50, 000 mujeres. De ahí en adelante, las marchas tradicionales de lasfeministas (por la maternidad voluntaria y en contra de la violencia) seríancoordinadas por las mujeres del movimiento urbano y por trabajadoras dediversos sindicatos.

Desde esa fecha se perfilaron dos tendencias enel feminismo nacional las cuales se expresarían con claridad en el IV EncuentroFeminista Latinoamericano y del Caribe que se llevó a cabo en 1987 en Taxco,donde participaron más de 2,500 personas. En el encuentro se establecieronacuerdos respecto a la pluralidad del movimiento, lo que a largo plazo facilitóel tránsito de sus integrantes hacia  la definición de interesescomunes relacionados con la ciudadanía política y social de las mujeres.

La constante movilización de las mujeres en la décadade los 80 generó una experiencia de unidad que se cimentó en la  injusticia contenida en la subordinación ydiscriminación de la mujer  en el ámbitoprivado y público. En las organizaciones urbanas hubo una rebelión de lasmujeres que al darse cuenta que eran  labase del movimiento popular, exigieron ser reconocidas como dirigentes y al noser escuchadas por los varones crearon direcciones  femeninas,dejándolos  temporalmente sin una basesocial.

Paralelamente a la intensa movilización popular huboun proceso de maduración política que no sólo permitió integrar la cuestión de la mujer al discurso de clase sinotambién a redefinir el papel  del Estadoentre las feministas que provenían  de laizquierda. Así de concebir  al Estadocomo un adversario ante el cual se tenía una enorme desconfianza por miedo a la cooptación, se elaboró unaestrategia de negociación frente al Estado. La experiencia con mujeres de lossectores populares  allanó el camino paracomprender que esta relación era necesaria si se pretendía trabajar con  sectores cuyas necesidades básicas estaban enjuego. Además, la apertura política que caracterizó esos años ofrecía  a las líderes y dirigentes oportunidades paraparticipar públicamente sin temor a la represión.

Un segundo encuentro importante entre las mujeres de diversos sectoressociales se produjo durante  las movilizacionespor la democracia previas y posteriores a laselecciones de 1988.

Ladenuncia de fraude electoral adquirió un carácter nacional en estas eleccionescuando se desconoció la votación a Cárdenas mientras la sociedad reclamaba democracia. La indignación moralpermeo la discusión nacional y entre las mujeres generó una enorme  inquietud por participar en política. En esteperiodo surgen dos organizaciones que reaccionan ante el autoritarismo oficial:una con la clara intención de movilizar a las mujeres desde una perspectivapopular de género, la Coordinadora BenitaGaleana  que agrupó a 33 organizacionesfemeniles, urbanas, sindicales, de ONG´s y departidos políticos, y otra, la Asociación Civil Mujeres en Lucha por laDemocracia que durante varios años reunió a mujeres independientes, al margende los partidos. Posteriormente ambas quedarían vinculadas al PRD, heredero dela tradición de izquierda.

Y esto es relevante, pues este partido desde que se formó en 1989, estableceprincipios, programas y estatutos donde se compromete a la igualdad dederechos, la liberación de la mujer y la denuncia contra todo tipo dediscriminación por sexo, edad y etnia. También por primera vez en un partido de alcance nacional se estableceuna cuota que asegura  una representación   mínima de 30% a las mujeres en los distintos niveles de suestructura. El ingreso  de  integrantes del movimiento popular y de las organizaciones creadas para combatir e lfraude electoral de 1988 facilitó la democratización interna de ese partido, pues ellas apoyaron a algunas dirigentes que, como Amalia García o Rosario Robles, no tenían la fuerza suficiente como para establecer la perspectiva de género dentro de su organización.

Esta medida no sólo benefició a las militantes del PRD en las elecciones posteriores sino también influenció la lucha de las militantes de los otros partidos que en poco tiempo legitiman cuotas mínimas para equilibrar el acceso de las mujeres a cargos derepresentación y dirección interna (Stevenson,1999).  En 1988 las elecciones presidenciales coincidieron con las legislativas y en éstas se registraron los mayores porcentajes de mujeres electas para el Congreso. Las diputadas fueron el 12.2%, cifra ligeramente superior a la de 1985, la cual aumentó a 17%  en 1997. Las senadoras constituían el 12.5% en1985 y tres años más tarde llegaron a ser el 15.6%. Aunque algunos partidos aprobaron mecanismos paraasegurar el 30% de las candidaturas a las mujeres, entre 1997 y 2000 obtuvieron un porcentaje menor pues, la mayoría fue registrada como suplente o en zonaselectorales donde el partido tenía poca o nula presencia. Así de 87 diputadas que había en 1997, bajó a 80 en el año 2000.

El tercer encuentro se produce en los 90 y tiene un significado especial para el movimiento feminista y de mujeres pues, sus demandas ingresan al espacio institucional gracias a la legitimidad que otorga el apoyo del gobierno a la Plataforma de Acción aprobada en Beijing en1995. Las demandas de género se difunden y comienzan a ser planteadas y administradas por sectores sociales inesperados, como el gubernamental,  si se piensa desde la perspectiva delmovimiento de mujeres. Esta difusión constituyó un avance, pues diversossectores de la sociedad y del sistema político se comprometieron con la equidad de género. Esta situación sin embargo enfrenta al movimiento a nuevos desafíospues, por un lado no controlaba la orientación de las políticas que sedesarrollarían posteriormente y por otro debió imaginar nuevas estrategias para incidir en las decisiones. Más aún, la condición de las mujeres en el país ha cambiado.

El gobierno de Salinas de Gortari y posteriormente el de Ernesto Zedillo (PRI, 1994 – 2000),   ponen en marcha iniciativas constitucionalesque transforman los acuerdos corporativos que organizaron al país por casi unsiglo. Las privatizaciones, la revocación del artículo 27 que pone fin a los derechos ejidales y cancela el reparto agrario, la renovación de las relaciones con la iglesia católica y el gobierno del Vaticano y la desregulación generalizada, son decisiones que   toma la elite en nombre de la modernización y de la integración del país al mundo global. El descontento popular ante estasituación es generalizado y el   1ro de enero de 1994 irrumpe en la escena nacional  él Ejército Zapatistade Liberación Nacional (EZLN).

La experiencia del movimiento zapatista constituye un caso de  trascendencia, para el movimiento de mujeresy el feminismo en general. Las indígenas, pese a su pobreza y a susubordinación de género, elaboran un documento que contiene propuestas concretas orientadas a cuestionar sus tradiciones respecto a las relacionesentre géneros y generaciones. La Ley Revolucionaria de las mujeres, integrada al proyecto zapatista, reivindica que las mujeres más allá de su raza, credo, color o filiación política tienen derecho a  participar en la lucha revolucionaria. Además plantean su derecho a la educación, al trabajo,a la participación política dentro y fuera de la comunidad,  pero sobretodo demandan el reconocimiento asu autonomía como sujetos con cuerpo. Por ello el documento enfatiza el  derecho a decidir el número de hijos que quieran, a elegir a su pareja,  no ser obligadas a contraer matrimonio de acuerdo con la costumbre y a no ser golpeadas o violadas por familiares o extraños. Aunque la emergencia de este movimiento obedece a múltiples factores, es claro que las demandas de las indígenas expresan la relación que se tejió entre ellas, las feministas de izquierda y de las CEBS desde los años 80.

Pero  ladesregulación y la apertura económica, tuvo efectos nefastos para las mujerescuando se establecen cientos  de empresas  maquiladoras en el norte del país cuyo personal fue predominantemente femenino. Las obreras, que en su mayoría eran muy jóvenes y de origen campesino encontraron por primera vez la posibilidad degozar de cierta independencia por trabajar en forma remunerada. Quizá por estoenfrentaron la agresión y la violencia del poder masculino organizado, que en una venganza con claros rasgos machistas, comenzó  principalmente en Chihuahua desde  1993, y resultó en la violación  y asesinato  a las jóvenes obreras de la maquila.

Las primeras reacciones a estos hechos fueron banales al punto que las madres y familiares de estas mujeres se organizaron como familia alrededor de las desapariciones, sin que la justicia haya encontrado todavía en 2004 a los culpables. Poco a poco organizaciones de mujeres en Chihuahua y en todo el país  se movilizaron para demostrar la contundencia de los hechos, y exigir justicia. Los primeros datos señalan que entre 1993 y1998 hubo 56 asesinatos y desde 1998 hasta 2003 sumaron 370, los cuales el díade hoy son 420, continuando 400 mujeres "desaparecidas". (AmnistíaInternacional, 2003 y La jornada 2004). La exigencia por justicia en lasinstituciones locales, estatales   ynacionales  no ha dado resultado, de modoque desde hace algunos años se han buscado respuestas y apoyo a nivel internacional.  La imposibilidad de resolver estos asesinatosevidencian las limitaciones de un movimiento social en un contexto institucional dominado por una cultura discriminante.

Ante la contundencia de estos hechos durante los 90 los gobiernos  desarrollaron políticas sociales  inspiradas en el antiguo modelo clientelar que distribuye recursos a cambio de apoyo político. Después del 95 secomenzaron a generar políticas públicas orientadas a la equidad de género. Huboun importante contingente de organizaciones de mujeres  y de feministas que   redefinieron su posición ante  el estado  y decidieron mantener un equilibrio entre lo "políticamente correcto y lo posible", lo que significó aprovechar  los recursos estatales para fortalecer sus organizaciones y el movimiento social. Ello contribuyó  a  lainstitucionalización de las demandas de género, a la profesionalización de las militantes  de modo que el protagonismo del movimiento  social tiende a ser reemplazado por el de las expertas, las legisladoras y funcionarias degobierno.

Los últimos años delos 90 son  tiempos de construcción deespacios para el diálogo público  y parael establecimiento de alianzas entre mujeres con posiciones partidarias y políticas diferentes. La primera experiencia de este tipo fue la  reforma de la ley de  los delitos sexuales que, posteriormente se constituyó en un modelo de trabajo político para favorecer los intereses de la mujer más allá de las cuestiones partidarias. A partir de allí surgieron iniciativas de diversas organizaciones y partidos que poco a poco contribuyeron a establecer acuerdos entre mujeres sobre temas vinculados con el género: se lanzó  una campaña de acciones afirmativas llamada''Ganando espacios'' cuyo eje principal fueron las cuotas en puestos políticos, que sirvieron para denunciar la discriminación en ése y otros ámbitos.; se establecieron acuerdos  para crear unapolítica de reconocimiento y respeto a la diversidad, donde el género no implique desigualdad de oportunidades. Otros ejemplos de acciones y acuerdos conjuntos son las que se indican a continuación: cuadro 1.

Estos pactos hanincidido en propuestas legislativas que abarcan temas como violencia de género, derechos sexuales y reproductivos, desarrollo sustentable,  así como propuestas para  los presupuestos etiquetados, la ley de cuotas en los espacios políticos y apoyo a mujeres indígenas y campesinas.

Los noventa en suma constituyeron un periodo de definiciones, pues la acción del movimiento feminista y de mujeres logra eco y escucha entre representantes y funcionarios del sistema político y la administración publica. Se trata de un hecho inusual  favorecido por condiciones internacionales, por el cambio de régimen político vivido en el país y gracias a que el discurso feminista logra permear sectores hasta entonces sordos a las demandas de lamujer.

A modo de conclusión

Pese a los éxitos del movimiento de mujeres paradifundir su discurso y sus demandas en la escena pública y a su importante presencia en el proceso de transición hacia la democracia su  impacto en la institucionalidad  política formal ha sido débil. Y en efecto, durante el periodo sus movilizaciones  a distintos niveles de la sociedad y del sistema político permitieron avances legislativos que sin embargo no resuelven el problema de una representación política equitativa.  No se trata de una falta de interés o compromiso de las mujeres  con  las decisiones que definen el desarrollo del país porque sobran en la historia y en la actualidad hechos que lo desmienten. La discriminación hacia la mujer en los espacios de decisión y en las estructuras formales de representación  se mantiene a través de los años, incluso cuando la modernización de sus roles y valores es evidente.  Así, las estadísticas muestran con claridad su baja presencia en cargos dedecisión en el poder ejecutivo, legislativo, judicial, en los gobiernos municipales e incluso en organizacionessociales y civiles mixtas.

La reproducción de estructuras discriminatorias haciala mujer se encuentra en los partidos políticos, pues su participación en lasbases tiende a ser igual o mayor que la de los hombres.  En el PRD, un partido que respeta un reglamento interno que asegura una cuota de 30% a las mujeres,  el 33.3% de los cargos en el Comité Ejecutivo Nacional es ocupado por mujeres; mientras que en el  PRI, ellas sólo controlan  el 21.9% y en el PAN el 20% de los cargos directivos. La participación de lasmujeres  en empleos de la administraciónpública  se ha incrementado, pero no seha traducido en un acceso efectivo a puestos de dirección.

Mientras 53% de las funcionarias se desempeña como jefas de departamento, sólo 3% lo hacen en mandos superiores y sólo 1 de las Secretarías de Estado son dirigidas por mujeres. En el poder judicial de los 8895 puestos registrados en 2000 sólo 37.5% corresponde a mujeres y de los 11 ministros sólo una es  mujer en la Suprema Cortede Justicia. La representación de las mujeres en cargos de elección popular esy ha sido relativamente baja, pese a los avances legislativos.

Exactamente después de la conquista al derecho a voto,en el periodo legislativo de 1955 a 1958 el porcentaje de diputadas fue de 2.5%, lo quee quivalía a 39 hombres por cada mujer. Al iniciarse la década de los 70 (1970-1973) el porcentaje subió a 7.3% y la proporción fue de 13 varones por cada mujer. En las 3 últimas legislaturas hubo un ligero ascenso pues en 1994, se registró 14.1% de mujeres; en 1997 17.4% que decrece  a 16% en el 2000 (INEGI: Mujeres y hombres enMéxico, 2001. Pp. 367-368).

Aunque la reglamentación de las cuotas establece un 30% mínimo para cualquiersexo,  los porcentajes de los últimosaños aún muestran una participación limitada de las mujeres. Los partidosaceptaron las cuotas, pero nombraron un mayor número de candidatas suplentesque de propietarias de modo que no fueron elegidas en la misma proporción.  México es un país federal y actualmente noexiste ninguna gobernadora. Sólo ha habido dos gobernadoras en la historia del país y una jefa del gobierno delDistrito Federal. Donde la discriminación es enorme es en el ámbito municipal,pues las presidentas municipales nunca ha rebasado el 5%,  hecho paradójico si se piensa que lasmexicanas actúan a niveles locales.  Enlo que toca a los congresos estatales las mujeres constituyen 14.5% de lascongresistas. (INEGI. El enfoque de género en la producción de estadísticassobre participación política y toma de decisiones en México, 2000, Pp. 50-54).

En los sindicatos hay un profundo desequilibrio en losniveles de poder y existen fuertes barreras al acceso de las mujeres a cargosdirectivos y  a  considerar sus necesidades y demandas en laagenda sindical. Incluso en las maquiladoras, donde la base sindicalmayoritaria es de mujeres, su representación es muy baja. Las mujeres, como seha reseñado,  participan masivamente  en las asociaciones de colonos y vecinales,pero como en otros casos no acceden fácilmente a la dirigencia. Ni laintegración de  las mujeres al trabajoremunerado, a la educación o su acceso al control  de su fecundidad y portanto el logro  de la autonomía  como sujeto, han sido suficientes  como para romper con  la integración subordinada de la mujer  en la política formal.

Tampoco la clase política ha  logrado asumir  sus demandas y derechos ala representación equitativa como algo natural. Después de veinte años de serconcebida, la reforma electoral aseguró elecciones limpias y un gobierno dealternancia, pero  las elites  políticas todavía no crean instituciones, mecanismos y valores que aseguren una participación  política equitativa. La clase política  que hoy acepta el  pluralismo y la competencia electoral no sediferencia de la anterior al privilegiar la reproducción de sus miembros y  sus discursos, mostrando renuencias para renovar sus cuadros,  diversificar  su agenda e integrar en forma igualitaria a los diferentes como las mujeres.

En este sentido, tiende a ser más dominante que dirigentey a  desestimar  las inercias históricas del sistema políticonacional que enseñan que las elites  sóloreaccionan ante las crisis  y la pérdidade legitimidad para integrar a sectores que, como las mujeres, ponen en duda sucapacidad de representación.  Como lomuestran las oaxaqueñas, la presión de las movilizaciones  para el logro dela igualdad de género en los espacios institucionales de la democracia mexicanacontemporánea es todavía  indispensablepara que las instituciones  cumplan conla ley y rectifiquen una postura que tradicionalmente ha excluido  a las mujeres.

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